Aunque la cuarentena decretada por el gobierno del presidente Vizcarra ante el coronavirus por un período de quince días, ha echado por tierra las recientes protestas de los estudiantes y padres de familia de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) en Juliaca, ante la negación de su licencia de funcionamiento por parte del SUNEDU, es posible que las protestas vuelvan a agudizarse de manera radical una vez superada la cuarentena. 

La UANCV empezó a funcionar en 1983. En 1992, la Asamblea Nacional de Rectores, le dio la autorización definitiva de funcionamiento. Hasta hoy tenía una cartera de 25 carreras profesionales agrupadas en 8 facultades, además de maestrías y doctorados. Contaba con una población de un poco más de 28 mil estudiantes al 2019. En los últimos años, la UANCV empezó una expansión admirable y creó sucursales en Arequipa y en algunas provincias de Puno y en Puno ciudad (cuenta con denuncias por sobrevaluación de terrenos), además de ofrecer posibilidades a través de la modalidad de los estudios a distancia.

Que la SUNEDU haya denegado su funcionamiento ciertamente resulta preocupante. Es un duro golpe a Juliaca que afecta no solo de manera directa a su población estudiantil que hoy se queda en la incertidumbre, sino un golpe que se trae abajo el intento por cambiar el estatus social de una ciudad dedicada al comercio y al estigma de la informalidad del contrabando, en tanto la universidad representaba su distintivo académico más importante.

Pero la decisión de la SUNEDU no ha sido gratuita. Hay varias razones de peso que han servido de base para denegar el funcionamiento y que ponen en el centro de la responsabilidad a las autoridades y a los propios profesores de la universidad. Los “pactos colectivos” que se habían establecido desde 2017 (dirán de manera legal, pero a todas luces mecanismos para el lucro personal) no eran más que la emisión de bonos escandalosos, bajo un sistema urdido, por el cual, por ejemplo, un docente podía llegar a cobrar cerca de 27 mil soles al mes, además de obtener una serie de beneficios para su familia.

En ese sentido, los estudiantes y padres de familia deben asumir que ha sido esta manera de conducir la universidad por parte de las autoridades, donde la preocupación esencial era sostener las planillas en vez de invertir en lo académico, lo que ha llevado a la UANCV al naufragio. Es decir, el mal estaba incubado en la propia universidad, sufría el virus de la angurria y del festín económico. Es válido preguntarse, entonces, si acaso no sabían los estudiantes acerca de esta realidad y por qué lo permitieron. En todo caso, hay que decir que de nada servirá que paralicen la ciudad con paros y huelgas, causen destrozos, bloqueen las salidas de la ciudad o interrumpan el funcionamiento del aeropuerto en pos del derecho al reclamo y de conseguir la licencia o cuestionar el trabajo de la SUNEDU, en tanto la mayor responsabilidad la tienen sus autoridades, que desde luego deben ser denunciadas y asumir el costo de lo que han provocado.

Mientras tanto, los estudiantes afectados deben organizarse para encontrar formas alternativas que les permitan continuar con sus estudios. Por ejemplo, establecer puentes con la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, universidad que, aunque también tiene problemas (lo más reciente ha sido la mafia enquistada en torno a los ingresos y exámenes de admisión) tiene ahora una gran oportunidad para adoptar esa población y reforzar su liderazgo en la región.