A las cero horas del 4 de enero en la región Puno se reiniciarán las movilizaciones y protestas para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, y que de esta manera se convoque a nuevas elecciones. Así lo han manifestado los dirigentes de los distintos gremios y organizaciones sociales de las trece provincias puneñas. Más allá de que haya divergencias respecto a la alteración del orden público, el transporte y las pérdidas en el sector turístico (se viene la Fiesta de la Candelaria), la decisión está tomada. También han advertido que si hay actos de violencia y desmanes serán responsabilidad de los infiltrados del Estado.

Similar situación se vive en otras regiones del sur como Arequipa y Cusco, especialmente, y desde luego en todo el país. La tregua por las fiestas navideñas y el Año Nuevo ha llegado a su fin, e iniciamos este 2023 con un panorama incierto, hundido el Perú en una suerte de eterno conflicto, por herencia de una clase política indiferente a la realidad. En tanto, el estado de emergencia decretado por el gobierno seguirá vigente lo que probablemente traerá nuevos enfrentamientos y más muertos. De esta manera, el país entra a un espiral de violencia.

Es evidente que Dina Boluarte no renunciará a la presidencia (al menos por ahora, en la medida del efecto que tengan las movilizaciones). Más bien, Boluarte ha optado por anunciar proyectos de inversión para el primer semestre del 2023, con inyección de presupuestos orientados a mejorar las condiciones de vida. Pero Boluarte no puede pasar por alto los 28 muertos que ha dejado su mandato durante sus primeros días de gobierno ni puede pretender dulcificar la indignación del país mediante estas medidas. Eso lo sabe el Perú. Y es razón suficiente para mantener las movilizaciones además del rechazo absoluto a la clase política enquistada en Lima (léase Palacio y Congreso de la República).

Resulta inaceptable que luego de 28 muertos no haya ni un solo cambio significativo en el país y que todo siga igual en la esfera política. ¿Tan poco valen los muertos en el Perú? E insisto en la idea ya mencionada en columnas anteriores, mientras las muertes no ocurran en Lima, todo seguirá igual. El centralismo también es válido para la muerte en el Perú. Mientras que las marchas por la paz, para abrazarse y pedir un alto a las protestas, convocadas por el propio Ejecutivo y la Policía Nacional ―al mismo tiempo que reprime la protesta―, evidencian la franca estupidez y visión de un gobierno que parece no entender la gravedad de lo que viene ocurriendo en el país.