Por Decreto Supremo publicado el 13 de enero en “El Peruano”, es decir cuatro días después de los asesinatos de 18 personas en Juliaca, el gobierno de Dina Boluarte declaró al año 2023 con el nombre “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”. Una denominación risible por no decir patética en medio de la crisis política y social que vive el país. Podemos pensar en un cinismo desbordante por parte de la presidenta y el gobierno, pero más grave aún, podemos sentir que hay un deseo de querer distorsionar la realidad a través del lenguaje. Más bien, la denominación resulta una burla para el Perú. Unidad, paz, desarrollo, mientras se reprime con balas.

El mismo 13 de enero por la noche Dina Boluarte se dirige al país en mensaje a la nación. Un discurso que se deja escuchar en correlación con el cinismo antes mencionado y que más que establecer mecanismos de diálogo y solución en atención a la demanda del país, califica la protesta de violentista y busca culpables imaginarios. Entre líneas, resulta más importante para Boluarte las pérdidas económicas producto de las movilizaciones, que las muertes de su gobierno y un mea culpa que se exprese en acciones concretas. Desliza, asimismo, teorías temerarias sobre los responsables de las muertes, en un intento de lavarse la cara, lo que lógicamente enerva más a la población.

El ministro de Justicia, José Tello, y por tanto el gobierno de Boluarte, en declaraciones recientes, traslada la solución de la crisis al Congreso de la República, al indicar que el adelanto de las elecciones para este 2023 está en manos del Congreso. El adelanto de las elecciones, tras la renuncia de Boluarte, es pues la principal demanda de los diversos sectores del país movilizados, además de la indignación por la muerte de cincuenta peruanos. Es decir, Boluarte y compañía tiran la pelota, creyendo que así podrán virar el foco de las protestas. Pero está claro que, si bien había en agenda otras demandas, hoy la consigna unánime es su renuncia y que los congresistas se vayan. El hartazgo.

Hoy miles de pobladores y delegaciones de distintas regiones del país se dirigen a Lima para expresar su demanda, frente al mundo paralelo en el que vive el gobierno, pero no como afirma la congresista Susel Paredes en una desafortunada expresión: “O nos vamos o nos matan”, grave error de interpretación y lenguaje, otra vez, que supone que las delegaciones están yendo a Lima a matar. De esta manera, las miradas del país y de sus gentes siguen estando tan distanciadas y contrapuestas. Boluarte pese a ser de Chalhuanca, Apurímac, parece no conocer la voluntad férrea de los pobladores andinos, su incansable resistencia puesta a prueba desde hace más de doscientos años. La empatía que en estos momentos hace falta está hundida en el terciopelo de su sillón presidencial.