Puno: de los muertos y las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte hemos pasado a las violaciones sexuales. El primer caso: Una enfermera de EsSalud de 32 años, violentada el 30 de marzo pasado en la ciudad de Ayaviri, capital de la provincia de Melgar, al norte de Puno. Su estado crítico determinó su traslado a un hospital de Lima, tuvieron que amputarle una pierna; pero falleció el 12 de abril. La agresión física y la violación fueron de tal magnitud que los médicos no pudieron salvarla. La mujer ha dejado tres hijos menores: de 6 y 4 años y un recién nacido de 8 meses. Los presuntos violadores Dino Álvarez Limahuay (30) y Renato Quispe Ramos (26), trabajadores del hospital donde laboraba la enfermera, están detenidos.

El segundo caso: una muchacha de 22 años, violentada el 15 de abril en la ciudad de Macusani, capital de la provincia de Carabaya, al norte de Puno. El presunto violador, un policía identificado como Timo Ccanque Aquise (26), está detenido. Otros tres policías lo estuvieron preliminarmente, pero fueron liberados: al parecer no cometieron la violación, aunque fueron testigos. Estos dos casos constituyen un par de cifras más para las estadísticas de las agresiones sexuales, como hechos naturalizados del acontecer diario y que parece que solo son eso: cifras. Pues, en el Perú, se sigue matando y violando a mujeres, sin que se haga nada al respecto, o sin querer entender que el problema va más allá de encarcelar a los responsables.

Tras la muerte de la enfermera, la presidenta Boluarte expresó su profundo pesar a la familia. Pero, en verdad, eso no sirve de nada y solo es palabrería, mientras no se tome en serio qué hacer para poner fin a esta realidad. Unas palabras que no ayudan en nada, si las mujeres ya están muertas, ya están heridas, ya están quebradas, ellas y sus familias. Es reiterativo el desinterés de las autoridades policiales, del Congreso de la República y del Ejecutivo para no solo imponer sanciones más intimidantes, sino para encontrar una política que permita que estas situaciones dejen de ser un dolor continuo en nuestra sociedad y una amenaza a las mujeres peruanas.

Ya se ha dicho anteriormente: Perú, país de violadores. En efecto, pareciera que la expresión no es tan excesiva. Hay una tara y forma corrupta de vivir en nuestra sociedad, alimentada por la cultura machista (presente en todas las capas sociales), que se manifiesta en una superioridad frente a la mujer y que se arroga una decisión en la que yo puedo hacer lo que quiera con ella, sin que nadie me diga nada. A esto se añade la impunidad, presente en un gran número de estos casos. Una impunidad vertical e institucional, pero también horizontal, pues la mayoría de agresores provienen del entorno familiar y cercano. Desde luego, los responsables deben ser encarcelados, pero, ¿será eso suficiente para que no siga ocurriendo este tipo de hechos?