Hoy se cumplen cuatro meses de aquel 9 de enero en que ocurrió en la ciudad de Juliaca el asesinato de 17 civiles, en su mayoría jóvenes, en manos de las Fuerzas Armadas, además de la muerte de un suboficial de la PNP, en medio de las protestas que pedían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Hoy, los muertos, muertos están, y sus familiares siguen esperando investigaciones y sanciones para los responsables, o por lo menos gestos de solidaridad y autocritica por parte del gobierno, pero de eso, ni asomo. Mientras tanto, Boluarte sigue en el sillón presidencial.

Es decir, no ha pasado nada. No ha habido ningún cambio significativo más que el hecho concreto de las muertes, no solo en Juliaca sino en Ayacucho, Lima, Cusco y Apurímac, desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, en diciembre de 2022. El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre estos hechos confirma que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares, e incluso posibles ejecuciones extrajudiciales, además de violación a los derechos humanos. Hay, pues, una gran responsabilidad del gobierno de Boluarte en estas muertes, que tarde o temprano pasará factura.

El informe de la CIDH, aunque no sea vinculante, viene a cambiar un poco el escenario de impunidad y minimización que el gobierno ha demostrado ante estos hechos graves, al igual que el Congreso de la República, ocupado más en sus prebendas, robos sistemáticos y en mantener un clima de paz con el Ejecutivo bajo la premisa de conservar los puestos; pero, es evidente que las muertes no se pueden olvidar y que se mantienen frescas en el imaginario. La presidenta, por su parte, ha entrado en declaraciones laberínticas tal vez abrumada por la contundencia de la realidad. Lo cierto es que su patético fantochismo y servilismo la delatan.

En Puno anuncian el reinicio de las protestas contra el gobierno para fines de mayo, y para julio próximo una nueva “toma de Lima”. Hay que ver hasta qué punto estas medidas son convenientes, pues si bien son legítimas, solo han traído calamidad y atraso a la región y eso no se puede ocultar. La renuncia de Boluarte, en tanto que su permanencia alienta la indignación de un sector del país, en especial en el sur, es determinante, pero en realidad impracticable, al menos por ahora, en que las alianzas de las fuerzas políticas están llanas y no existe oposición. Solo un quiebre en esta correlación podría plantear un escenario nuevo, ojalá sin más muertes.