Gestión remota. La presidenta Dina Boluarte pretende, a través de la aprobación de un proyecto de ley que ha enviado al Congreso, poder gobernar el Perú por vía remota cuando tenga que salir del país por razones de agenda. Es decir, gobernar sin la “presencialidad”, tal como lo manda la Constitución. Los especialistas sostienen que es inconstitucional y errada la forma legal que ha utilizado. Pero, más allá de eso, la situación denota un temor político: perder el poder, no obstante, la alianza muda que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo para sostenerse ambos. En todo caso, la desconfianza está presente. Esta situación trae el recuerdo de la famosa renuncia por fax de Alberto Fujimori.

La gran estafa. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha inaugurado una “playa artificial” en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, como parte de una promesa electoral. Pero, en realidad, se trata de la piscina del parque zonal Wiracocha, que ya existía, a la que se le ha puesto arena alrededor y acondicionado con sombrillas y tumbonas, para darle la apariencia de playa. Esa es la obra de López Aliaga, gato por liebre, cualquier cosa. Habría que preguntarse si los luriganchinos están conformes con esta “playa artificial”. En el fondo, de la piscina que funge de playa, se trata de una burla.

Parques prohibidos. Los vecinos del distrito limeño de Miraflores se quejan de no poder ocupar los parques de su distrito con fines recreativos y deportivos, pues la alcaldía dirigida por Carlos Canales ha establecido una serie de disposiciones orientadas al “ordenamiento”. Con ese fin, ha desalojado en varias oportunidades a los supuestos infractores. También lo ha hecho con personas humildes que venden sus productos en el populoso parque Kennedy. ¿Para qué están los parques? ¿Cómo una alcaldía puede prohibir el libre uso de los espacios públicos? Canales y sus funcionarios creen que están en su chacra.

Mientras tanto. Hay un aislamiento con los problemas graves y urgentes del país desde la clase política que involucra a las autoridades de todos los niveles. La delincuencia e inseguridad ciudadana siguen siendo el talón de Aquiles y no se hace nada por contrarrestarlas. Se pasa por agua tibia hechos que deberían ser investigados con prontitud como el caso de las tesis y favoritismos de la Fiscal de la Nación. No hay sanciones efectivas para los congresistas corruptos. Los conflictos sociales fuera de la capital están latentes a la espera de volver en agenda. Las muertes por el dengue pasan desapercibidas. Y así por el estilo…