Ha ocurrido una vez más. Un nuevo caso de violación sistemática a una niña, esta vez en la región Loreto. Mila, el nombre ficticio de la víctima, fue objeto de violación por parte de su padrastro Lucas Pezo Amaringo, desde que tenía siete años. Hoy, Mila tiene once y quedó embarazada. Ese fue el detonante para que su madre conociera la historia. Pero los maltratos a Mila continuaron. No se le permitió acceder a un aborto terapéutico, pese a ser legal en caso de violación; las autoridades separaron a Mila de su madre; el juez liberó al violador.

Si no fuera por el coraje de la madre, quien decidió denunciar el caso en los medios, nada se hubiera sabido. Hoy, solo sería un caso más para la estadística, para el olvido y, más bien, un ejemplo de impunidad, tan corriente en el Perú, “país de violadores”, como lo han calificado. En este caso, el revuelo mediático encendió la alarma, la indignación y el sentido común, y solo gracias a ello el destino de Mila ha cambiado. Finalmente, se le ha practicado un aborto. ¿Será Mila consciente de todo lo que le ha tocado vivir en sus once años, en manos de un degenerado al que estaba sometida?

Ha ocurrido una vez más y parece que no hay nada que pueda cambiar esta realidad. ¿Cuántos casos más existirán de esta naturaleza que no se conocen o que quedan dentro de los márgenes de las familias y no se denuncian? ¿De qué manera se puede enfrentar este mal asquiento y repetitivo? ¿Acaso no es momento de reconsiderar en serio la pena de muerte en nuestro país para los violadores de menores o en general? ¿Debemos sentir conmiseración por este tipo de personas? Nos indignamos, sí, pero luego lo olvidamos, hasta que aparece un nuevo caso. Una cadena absurda que pasa indiferente para la sociedad y para quienes tienen la responsabilidad de cambiar en algo esta situación.

Estamos ante una forma de maltrato brutal que, además de las secuelas físicas y psicológicas que deja, y que pervierte para siempre el desarrollo normal de una niña, es un maltrato que proviene de la institucionalidad del país. Hay una distancia ante el dolor, una indolencia que dialoga con la naturalización de lo perverso. Una posición dogmática que proviene de sectores conservadores como la Iglesia y cierta política, que desestima lo bárbaro en defensa de viejas creencias. Un Estado y un sistema acaso ciegos, sin capacidad de maniobra, que legitima la violencia de toda índole con su falta de acción.