Es inaceptable. Realmente es inaceptable la forma como está siendo conducido el Perú sin que nadie, desde los distintos niveles de gobierno, se encargue de tomar cartas en el asunto y platee soluciones o por lo menos atienda en el corto plazo, los problemas que nos aquejan. Entre ellos, el espiral de violencia sistemática y muerte que está dejando la delincuencia, el crimen organizado y la extorsión, que no tiene cuando acabar y que canta victoria, además de impunidad, frente a la institucionalidad y frente a una clase política que no muestra ni empatía ni responsabilidad ni mínimas ideas de cómo combatir estos flagelos, y más bien los alientan.

El asesinato colectivo de 13 ciudadanos, integrantes de una empresa de seguridad, en la localidad de Pataz, en el distrito y provincia del mismo nombre, en La Libertad, en torno de las pugnas de las actividades mineras formales e informales y la codicia, ocurrido hace unos días, no hacen sino refrendar esta situación. Aún más. El video que han hecho circular los asesinos (aún no se sabe quiénes son; solo hay presunciones de la autoría) en el que se observa la sangre fría con la que actúan es también un aviso para quienes se opongan a sus actividades y objetivos. A estas muertes se suman un par de decenas más a merced de las mismas pugnas en Pataz. Se trata de la maldición del oro, ha dicho el alcalde patazino.

El gobierno, en un inicio, ha desestimado la situación (ver las declaraciones del premier Adrianzén cuestionando la veracidad del suceso) de una manera miserable y despreciativa, lo que significa, además, que los servicios de información e inteligencia no funcionan. A renglón seguido, solo ocurridos los hechos, el gobierno ha enviado contingente policial y dictado medidas, desde luego tardías, en vez de haber actuado con previsión. Lo típico en el Perú en materia de conflictos sociales. Primero los muertos, después las soluciones. Mientras que el gobierno regional de La Libertad y su presidente se han convertido en entes fantasma.

Las responsabilidades también deben incluir en la ecuación a las compañías mineras, en este caso a Poderosa, quien contrató a la empresa de seguridad. Es decir, debe existir alguna forma de regulación. Cabe preguntarse, si quienes han sido asesinados tenían la experiencia necesaria en materia de seguridad y lo que ello involucra para combatir este tipo de eventos. Parece que no. De esta manera, daría la impresión de que han sido conducidos al matadero. Por supuesto, hay necesidades, y por ello en un ambiente precario de informalidad como de formalidad minera todo vale. No estoy seguro de que la famosa formalidad solucione el problema de violencia, pugna y muerte, porque en tanto haya necedad y una profunda ignorancia de quienes deben tomar decisiones seguiremos en lo mismo.