La polémica que se ha producido en la reciente Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima en torno a la censura de la presentación del libro “Revolución en los Andes. (Un balance del MRTA)”, del líder de esta agrupación terrorista, Víctor Polay Campos, publicado por Ediciones Achawata, ha puesto en evidencia, especialmente en las redes sociales, un debate a favor y en contra de la medida adoptada por la Cámara Peruana del Libro, que inicialmente aceptó esta presentación; pero sobre todo ha puesto en agenda la vieja discusión sobre los límites a los que, como país, y no necesariamente como país de lectores, estamos dispuestos a enfrentar para comprender y juzgar nuestra historia contemporánea.

¿Silencio y condena o apertura para el debate académico y el cuestionamiento? El Perú polarizado en el cual vivimos desde el fujimorato, tiene también su expresión en la pequeña y acomodaticia comunidad literaria peruana y desnuda pareceres diversos, al mismo tiempo que silencios. Parece que, a diferencia de décadas anteriores en que los libros y los autores eran abono para el debate y el escrutinio de la calidad literaria y las ideas, hoy solo interesa el marketing y el vedetismo consentido y naturalizado para los egos y la tribuna. Por ello que, el hecho ocurrido con la censura, diga mucho más entre líneas de lo que realmente está ocurriendo con la literatura y el mundo editorial peruano.

Supongo que nadie podrá negar el valor en sí mismo de un libro, sea cual sea la postura o el género de literatura de quien lo escribe. Al fin, son los lectores quienes tienen la libertad y decisión para adquirir y leer un libro, lo ideal dentro de la lógica de un estado de derecho en democracia. Por eso llama la atención que efectivos de la Dircote hayan intervenido el stand de Ediciones Achawata en pleno desarrollo de la FIL. Hecho inaudito y nunca antes visto. Al respecto, hay que traer a colación lo que indica el artículo 4 de la Ley del Libro en el Perú, Nro. 28086: “La circulación del libro y de los productos editoriales afines en el territorio nacional es libre; sólo podrá ser prohibida o limitada por mandato de la autoridad administrativa o judicial, de acuerdo a ley”. Es decir, solo un juez o una resolución administrativa podría vetar la circulación de un libro.

Estamos de acuerdo en condenar los actos terroristas y asesinatos cometidos por el MRTA y cualquier otra agrupación terrorista. Algunos de los responsables purgan cárcel por ello. Es lo concreto. El pedir perdón ―que puede ser real o falso―, que esperan las víctimas y sus familiares por parte de los perpetradores pertenece a la narrativa de lo simbólico que no es menos importante. Un país como el nuestro, todavía con las heridas abiertas, y con nuevas heridas que cerrar, necesita discutir plenamente no solo desde la historia y la política sino desde el conocimiento. (¿Acaso no nos lamentamos a menudo de los políticos ignorantes que hoy nos gobiernan?). Y el conocimiento emana de los libros, de la interpretación que hacemos de ellos y de su acceso.

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