Más impunidad, de la que ya estamos acostumbrados en el Perú, es lo que traerá la reciente Ley de Amnistía otorgada a integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía y comités de autodefensa que lucharon contra el terrorismo. Se libra así de responsabilidad a quienes cometieron asesinatos, ejecuciones extrajudiciales o participaron en desapariciones y violaciones sexuales, entre otros delitos. La ley parece ser más bien un favor con favor. Pero es una cereza más a este estado de indefensión en el que estamos viviendo y una forma de desterrar la justicia que se espera para las víctimas. Así, cada vez más difícil será reconciliarnos, como dicen.

El censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha vuelto como Juan a su casa en la cartera de Justicia, sin vergüenza ni decencia. Al parecer no hay ninguna norma que prohíba que personajes cuestionados ejerzan los cargos públicos una y otra vez. A quien lo ha nombrado, no le ha interesado que el censurado tenga, además, investigaciones fiscales. Es evidente que Santiváñez tiene un poder que va más allá de su cartera y que, de aquí al término del mandato presidencial, en 2026 (si eso sucede), se encargará de limpiar la situación legal y las acusaciones que pesan sobre la presidenta en cuanto a su responsabilidad en los asesinatos de más de cincuenta peruanos.

El acoso a la Editorial Achawata continúa. Se les ha censurado, se les ha abierto una investigación y se les ha retirado de una reciente feria, por haber publicado un libro (ya de circulación anterior) de la autoría del encarcelado líder terrorista del MRTA. Un libro que, se quiera o no, suma la bibliografía para el análisis académico en torno a la época de la violencia. ¿Qué viene ahora para los editores de Achawata? Los vetos y marginaciones a los que está siendo sometida esta editorial, que cuenta con un catálogo valioso en materia de Historia, dan cuenta del panorama gris en que se mueve la institucionalidad y los engranajes de la actual industria editorial y la promoción del libro en nuestro país. Desde esta columna expresamos, una vez más, nuestra solidaridad con Achawata.

¿Por qué al Puente de la Paz (que ha generado todo lo contrario), en el distrito limeño de Miraflores, se le presta tanta atención tras el revuelo de su construcción e inauguración? ¿Qué hay de las decenas de puentes que necesitan ser construidos y reparados a lo largo del territorio nacional? ¿A quién le importan esos puentes? ¿O es que, como se trata de Lima y Miraflores la situación es diferente? Pero también hay que preguntarse si es decente haber gastado 30 millones de soles en un puente insulso que no hacía falta bajo ningún criterio y que solo parece satisfacer el capricho de un alcalde matón. En Miraflores hay cosas más urgentes que atender. A esto se añade que, desde cualquier ángulo que se vea, el puente atenta de manera grotesca contra el paisaje. Como una patada en los testículos.